Mientras el mantra de que "no basta sólo con recortar el gasto sino que hay que impulsar la actividad productiva" intenta imponerse valientemente, pero sin muchas posibilidades de éxito, ante los engreídos diagnósticos que, por miles, nos acosan desde todas las partes del globo y, con especial virulencia, desde nuestro propio país, muchas empresas españolas están intentando superar la difícil coyuntura a base de diversificar en lo posible su capacidad y sus recursos en ámbitos distintos a los que, como es el caso de la construcción, no tienen visos de recuperarse en el corto plazo. Quienes pueden, se internacionalizan; quienes no, se diversifican.
Uno de los caminos más transitados en el último decenio por las empresas que se han diversificado es el de las infraestructuras de la energía, habida cuenta de que tanto la red actual como las políticas públicas apuntaban a ello como una necesidad perentoria. Tenemos, se dice, un mapa energético obsoleto, que prima el consumo de combustibles fósiles. Pero también circula entre los enterados la leyenda urbana -o no tan urbana- de que, presuntamente, da igual el gobierno que haya porque la política del ministerio de Industria siempre la dictan los mismos, el poderoso lobby de "los eléctricos".
El lobby eléctrico
Sea o no cierto, la verdad es que de las energías renovables se habla mucho en plan ecológico pero se han gestionado mal, se han primado exageradamente unas sobre otras y se tiene relegada al baúl de los recuerdos a una de las renovables más ecológica, que mayor cantidad de emisiones evita, que más empleo genera y que, además, las retribuciones que recibe, siendo actualmente claramente insuficientes, son recuperadas con creces por las arcas públicas, pues se produce un diferencial positivo entre lo que pone el Estado -primas- y lo que recibe a través de retornos directos o indirectos. Se trata de las biomasas, que contribuyen directamente a generar empleo, no solo en el ejercicio de su actividad directa, sino en el mundo rural y ganadero, del que tanto se habla y al que tan poco se cuida. Algunos deben pensar que las verduras, el pan y los filetes se fabrican en los supermercados, envueltos en celofán y sin producir residuos de ningún tipo.
La Biomasa es una de las energías renovables que mayores beneficios sociales y ambientales induce. Reduce sustancialmente los residuos de origen orgánico, cuyo abandono o combustión incontrolada produce efectos muy nocivos para el medio ambiente y la salud, y contribuye en gran medida a reducir los incendios forestales. Genera más empleo y retornos fiscales por unidad producida puesto que hay que tratar, preparar, almacenar y transportar los recursos que utiliza. Es plenamente gestionable ya que puede producir energía las veinticuatro horas del día 365 días del año.
Condición testimonial
Sin embargo está relegada a una condición casi testimonial dentro del mix energético nacional y no está adecuadamente considerada respecto al resto de renovables. Los objetivos asignados a la biomasa en el nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 representarían solamente un 2,7% del total del mix eléctrico de renovables en 2020, apenas un 38,5% de los objetivos fijados en el anterior PER 2005-2010. Estos objetivos son claramente insuficientes, porque España es el tercer país europeo en potencial de biomasa, sobre todo teniendo en cuenta que, según los expertos, un adecuado desarrollo de la generación de energía a través de las biomasas podría sustituir dentro de unas pocas decenas de años al total de la energía nuclear que se produce en España.
Hay instalados actualmente en España sólo 358 megawatios en plantas de biomasa. A pesar de su insignificancia respecto a los objetivos marcados, su construcción -según un análisis reciente de Analistas Financieros Internacionales- representó un impacto positivo en el Valor Añadido Bruto de 552,3 millones de euros y genera 10.573 puestos de trabajo. A ello hay que sumar los efectos derivados de su explotación y mantenimiento, que AFI evalúa en un impacto directo sobre el VAB de 40,8 millones al año más otros 1.560 millones de impacto indirecto, y una generación de 422 puestos de trabajo directos más otros 3.047 indirectos. La energía producida por biomasas es la renovable que más empleo crea por unidad producida.
Además el balance económico estas plantas de biomasa, con un coste inicial para el erario público de 138,5 millones de euros por primas efectivas, es netamente positivo ya que genera más ingresos que esos costes derivados de las primas, puesto que las arcas públicas recuperan 184,4 millones de euros a través de su contribución fiscal, prestaciones por desempleo evitadas, emisiones de CO2 ahorradas y disminución de costes derivados de incendios forestales, cuestión ésta de enorme importancia económica y medioambiental y que siendo privativa de esta actividad, a menudo se olvida ya que esos menores costes -directamente relacionados con el uso de residuos forestales para estas plantas- no se internalizan.
Crear empleo y generar actividad
Ahora que la prioridad máxima del país es crear empleo y generar mayor actividad para activar el consumo, es éste un campo que las administraciones públicas deberían considerar con una mayor neutralidad y rigor, puesto que puede generar empleo añadido con inmediatez e intensidad. Hay actualmente suficientes plantas en proyecto, en algunos casos muy avanzado, para instalar 831,8 megawatios más, producidos por biomasa. La mayoría de estos proyectos espera una actualización de las primas para poder hacer viable la inversión requerida
Si se dieran las condiciones que hicieran posible esta inversión, es decir, se actualizaran las primas a partir de 2013 como pide el sector -con un aumento de entre el 20 y el 25% sobre las aplicadas en el anterior PER, dependiendo del grupo, la tecnología y la potencia- el erario público debería abonar una prima efectiva de 695,7 millones de euros, que reportarían al Estado retornos por valor del 767,8 millones de euros en los epígrafes antes aludidos, de modo que con un balance positivo para las arcas públicas de 72 millones, habría durante 20 años un impacto positivo en el VAP de 1.698 millones y se crearían 32.501 empleos al año, a lo que habría que sumar los efectos de la fase de operación y mantenimiento, que el estudio de AFI evalúa en 1.297 puestos de trabajo directos y 9.919 indirectos.
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